A medida que la sostenibilidad gana peso en las decisiones de compra, gobiernos y organismos internacionales han comenzado a combatir el greenwashing o ‘lavado verde’. Esta práctica ocurre cuando empresas exageran o falsifican sus credenciales ambientales para atraer a consumidores preocupados por el medioambiente.
Según un informe de la Comisión Europea de 2021, el 42% de las afirmaciones ambientales de empresas analizadas son exageradas, falsas o engañosas. “El consumidor tiene derecho a tomar decisiones informadas, y el greenwashing socava esa capacidad”, señala Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, en declaraciones recogidas por Europa Press.
En nuestra región, los esfuerzos para regular el greenwashing son incipientes, sin embargo, están ganando tracción. En Chile, por ejemplo, se está comenzando a abordar el problema a través de iniciativas legislativas. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) incluye aspectos que buscan garantizar la trazabilidad y transparencia en la gestión de residuos, aunque aún falta un marco específico que ataque directamente el lavado verde.
En Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) ha implementado regulaciones sobre el etiquetado de productos para garantizar que las declaraciones ambientales sean claras y comprobables. Asimismo, en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha multado a varias empresas por publicidad engañosa relacionada con afirmaciones de sostenibilidad.
Además, en un informe de 2023 de la Alianza Latinoamericana de Sostenibilidad (ALAS), se destaca que más del 60% de los consumidores en la región considera que las empresas no son transparentes con sus iniciativas ambientales. Esto resalta la urgencia de establecer regulaciones más estrictas.
Casos emblemáticos La proliferación de denuncias sobre greenwashing ha puesto a varias multinacionales en el ojo del huracán. En 2021, la compañía de moda H&M enfrentó acusaciones por etiquetar productos como “conscious”, sin proporcionar detalles claros sobre los beneficios ambientales de estos, según reportó BBC News.
En el sector de la energía, la petrolera Shell ha sido objeto de críticas por promocionar planes de neutralidad de carbono mientras expande sus proyectos de combustibles fósiles. La organización ClientEarth, que demandó a Shell en 2022, calificó estas prácticas como “engañosas” en un comunicado difundido por The Guardian.
Ciencia y rol ciudadano
La tecnología está jugando un papel crucial en la lucha contra el greenwashing. Herramientas de blockchain, por ejemplo, permiten rastrear la procedencia de los productos y garantizar que las afirmaciones sobre sostenibilidad sean verificables. “La transparencia es el mejor antídoto contra el greenwashing. Si las empresas son capaces de demostrar sus impactos positivos, todos ganamos”, asegura Mi- chael Silberman, director del programa de innovación ambiental en Greenpeace.
La responsabilidad también recae en los consumidores, quienes deben exigir transparencia y apoyar a las empresas que realmente cumplen con los estándares de sostenibilidad. “No podemos esperar que solo las regulaciones resuelvan el problema. La educación ambiental y la presión ciudadana son fundamentales”, enfatiza Natalia Rebolledo, especialista en sostenibilidad corporativa, en una charla organizada por el Centro de Políticas Públicas UC.
Con un panorama regulatorio global cada vez más estricto, el greenwashing podría convertirse en una práctica injustificable y propia del pasado. Sin embargo, este objetivo solo se logrará si gobiernos, empresas y ciudadanos trabajan juntos para priorizar la transparencia y la autenticidad en las acciones ambientales.
