Trabajo infantil: ¿cruelty free?

POR: Paulina Fernández, Directora de Abogacía y Estudios Aldeas Infantiles SOS Chile.

Por décadas la demanda por productos que cuenten con la certificación “Cruelty Free” se ha consolidado como un verdadero “deber hacer” a la hora de escoger una determinada marca. Particularmente asociado a la industria cosmética -a raíz de la cual nace esta normativa-, el concepto se relaciona a productos en cuya elaboración no existan crueles pruebas de laboratorio en animales, práctica que genera un consensuado rechazo a nivel mundial.

¿Pero qué nos pasa cuando nos enfrentamos a marcas o productos en los que desconocemos si ha existido o no el trabajo de niños o niñas en su elaboración o producción? ¿Sabemos cuáles son las industrias en que el “Cruelty Free” asociado al trabajo infantil está presente en las marcas que consumimos? ¿No es acaso la explotación laboral de niños y niñas uno de los actos más crueles al que nos vemos enfrentados como sociedad y del que debemos hacernos cargo?

Este mes de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y así como genuinamente nos preocupa exigir que las marcas que consumimos no dañen animales, o provoquen innecesarios riesgos al medio ambiente, debe ser un imperativo que demandemos que esos mismos productos que consumimos a diario no posean en ninguna etapa de sus procesos productivos el trabajo peligroso de menores de edad, protegiendo así sus derechos fundamentales.

Distintos fenómenos sociales a nivel global, la reciente pandemia, guerras, el alza de los precios y la expansión y aumento de la pobreza en el  mundo, han agravado de manera significativa las situaciones de explotación laboral de niños, niñas y adolescentes. Cifras internacionales estiman que más de 160 millones de niños, niñas y adolescentes son explotados laboralmente en el mundo, y casi la mitad de ellos en tareas peligrosas (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 2020). En Chile son 219 mil los menores de edad que trabajan (datos año 2012), de los cuales 94.000 son menores de 14 años, mientras que el 90% realiza trabajos peligrosos.

Una reciente investigación de la BBC arrojó que el jazmín que es utilizado como insumo industrial para distintas y mundialmente conocidas marcas de perfumes, está siendo recogido por niños y niñas que en promedio no superan los 15 años. La situación fue descubierta particularmente en Egipto, país productor de casi la mitad del suministro mundial de esta cotizada flor, donde el bajo precio pagado por grandes industrias hace que los recolectores locales deban pedir ayuda a sus hijos para hacer mínimamente rentables sus cosechas.

La Organización Mundial del Trabajo (OIT) señala que aproximadamente un 70% de esta fuerza laboral infantil es ocupada en labores de agricultura como la recolección del jazmín. Otro buen porcentaje lo hace en distintos tipos de fábricas y servicio doméstico, quedando un no despreciable y aún más triste porcentaje de niños y niñas que se ocupan como soldados en guerras, o como alternativas de comercio sexual, un drama tan o más complejo de erradicar.

Los Convenios internacionales emanados por la propia OIT establecen claramente que todos los Estados Miembros tienen la obligación de erradicar el trabajo infantil en su territorio, mientras que las empresas son las interpeladas a contribuir en todos los esfuerzos posibles por eliminar cualquier forma de trabajo infantil.

Estos convenios, ratificados por Chile, han posibilitado un abordaje sistemático de esta problemática. Hoy se cuenta con una Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo Infantil y protección del adolescente trabajador (2015-2025), y con un comité nacional en cada una de las regiones para monitorear esta situación. Sin embargo, se requiere de manera urgente actualizar estas cifras en Chile para entender sus características actuales, ya que los datos que disponemos son del 2012.

La problemática es latente y depende de todos quienes de una u otra forma tenemos responsabilidad o nos ocupamos del bienestar de niños y niñas. Son los Estados los que deben trabajar por una legislación que los proteja de la explotación laboral considerando de manera diferenciadas las características del trabajo realizado por niños y niñas.

Asimismo, los gobiernos deben generar políticas públicas en el ámbito de la protección social para prevenir que niños y niñas tengan que realizar trabajos peligrosos, con jornadas extensas y poniendo en riesgo su continuidad en la escuela. Mientras que son las empresas las llamadas a implementar mayores y rigurosos procesos de trazabilidad para verificar de dónde vienen los insumos que usan para sus procesos productivos.

Finalmente somos las personas -millones de ciudadanos anónimos en todo el mundo- quienes debemos no sólo ocuparnos de conocer que los productos que estamos consumiendo cumplan con mínimos de producción aceptables, sino entender que incluso en el siglo XXI la explotación infantil aún existe, que las condiciones globales de inequidad y pobreza vuelven a poner este problema en un indeseado protagonismo, y que el “Cruelty Free” asociado a los trabajos peligrosos para niños, niñas y adolescentes debiera movilizarnos a todos y todas por igual.