En las últimas semanas, una resolución del Instituto de Salud Pública (ISP), respaldada por el Ministerio de Salud, ha generado controversia al confirmar que en Chile será obligatoria la presentación de una receta médica para adquirir anticonceptivos orales en farmacias. Si bien la medida se enmarca en una regulación sanitaria —que establece que los anticonceptivos son medicamentos sujetos a prescripción médica—, su implementación ha levantado dudas, críticas y temores por un posible retroceso en el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Para muchas personas, esta exigencia representa una barrera adicional, especialmente para quienes no tienen acceso fluido a controles médicos, viven en zonas alejadas o no cuentan con recursos para costear consultas ginecológicas privadas. Y lo que está en juego no es menor: la continuidad de un tratamiento que impacta directamente en la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Desde Woman Times conversamos con Andrea Von Hoveling, ginecóloga infantojuvenil, para despejar dudas y entender el trasfondo clínico y social de esta medida.
“Entiendo que la exigencia de receta médica puede haberse pensado como una forma de incentivar los controles ginecológicos anuales, lo que no está mal en sí mismo. Pero creo que hay otras formas más eficientes de lograrlo. También se busca recordar que los anticonceptivos son medicamentos, y que no deberían usarse sin una evaluación médica previa”, señala Von Hoveling.
No obstante, incluso reconociendo la necesidad de un seguimiento médico responsable, la especialista advierte que la medida podría tener consecuencias contraproducentes. “El principal riesgo es que las personas interrumpan su tratamiento anticonceptivo. No siempre hay disponibilidad de horas médicas ni acceso económico a especialistas, y eso puede traducirse en un aumento de embarazos no deseados. Y los embarazos no deseados nunca son una buena noticia”, subraya.
Von Hoveling también cuestiona ciertos discursos que han surgido tras la polémica, donde se sugiere que un eventual aumento de la natalidad sería un efecto positivo: “Decir que no sería tan malo que aumentaran los embarazos no planificados por la baja natalidad es profundamente preocupante. Combatir la baja natalidad requiere políticas públicas que promuevan el deseo de tener hijos, no fomentar la maternidad forzada”.
En cuanto a posibles caminos para compatibilizar esta normativa con el derecho a la anticoncepción, la médica es optimista y propone mirar experiencias internacionales. “En Estados Unidos, por ejemplo, ya se liberalizó la venta sin receta de anticonceptivos sin estrógenos, porque se comprobó que su perfil de seguridad es muy confiable. En Chile podríamos avanzar en esa línea, especialmente para adolescentes y jóvenes, quienes en su mayoría presentan muy bajo riesgo médico, pero sí alto riesgo de embarazo no planificado”.
La discusión está abierta. Más allá de lo técnico, la implementación de esta medida ha reactivado el debate sobre cómo garantizar el acceso a métodos anticonceptivos sin poner en riesgo la continuidad de los tratamientos, especialmente en contextos de alta desigualdad.
