El debate reflotó con el caso del actor Cristián Campos —quien fue sobreseído por en una causa por abuso sexual— y la reciente entrevista publicada por El Mercurio a Pedro y Antonio Campos, lo que volvió a poner sobre la mesa un proyecto de ley que apunta a prevenir, sancionar y reparar los efectos de denuncias falsas en torno a estos delitos.
El reciente remezón mediático en torno al caso del actor Cristián Campos reactivó el debate sobre las denuncias falsas en delitos sexuales. El intérprete, quien fue sobreseído de una causa por abuso sexual interpuesta por Raffaela Di Girolamo, ha manifestado públicamente su respaldo a un proyecto de ley que busca fortalecer la presunción de inocencia y endurecer las sanciones frente a este tipo de acusaciones, tanto de abuso sexual como en casos de violencia intrafamiliar y conflictos de índole familiar.
La moción fue impulsada por las diputadas y diputados Marcela Riquelme, Johannes Kaiser, Héctor Ullóa, Cristóbal Urruticoechea, Ximena Ossandón y Harry Jurgensen. A este respaldo se sumaron fundaciones como “Ley Falsas Denuncias” y “Ni un día más”.
La discusión volvió a instalarse luego de que El Mercurio publicara, el pasado 4 de enero, una entrevista titulada “Las razones de los hijos de Campos para creer en el testimonio de su hermana”. En ella, Antonio y Pedro Campos se refirieron por primera vez de forma pública al caso, señalando que sentían la necesidad de hablar y dar a conocer su postura.
Pese a las reiteradas consultas sobre los fundamentos del fallo de la Corte Suprema, los argumentos de defensa de Cristián Campos y la investigación de la Fundación por la Confianza que no encontró testimonios que respaldaran la acusación, los hermanos evitaron profundizar en estos puntos, referirse a otras declaraciones o responder de manera directa.
De acuerdo con la encuesta “Termómetro político”, elaborada por Descifra, un 90% de las personas consultadas manifiestan estar de acuerdo con iniciativas legales que busquen castigar las denuncias falsas relacionadas a delitos sexuales.
¿Qué propone la ley y cuáles son sus alcances?
El proyecto de ley tipifica la denuncia falsa como un delito y elimina la obligación de probar el dolo inicial, permitiendo que la sola declaración judicial de falsedad sea suficiente para aplicar una sanción penal.
Contemplando las consecuencias que pueden generar las denuncias falsas —incluso en casos que concluyen en absoluciones—, la iniciativa apunta a reforzar el principio de presunción de inocencia, habilitando a la persona acusada a solicitar compensaciones económicas por daño moral, daño emergente, afectación de la honra o perjuicios derivados de la separación injustificada de un menor.
Se consideran sanciones de presidio menor en su grado medio a máximo, además de multas económicas que oscilan entre 20 y 50 UTM, cuando la acusación falsa sea una infracción administrativa o un simple delito.
También, se incorporan circunstancias agravantes en casos en que la denuncia derive en la separación injustificada de un menor de edad de alguno de sus progenitores o en la suspensión del régimen de visitas, lo que podría implicar un aumento de la pena según lo que estime el tribunal.
Finalmente, el proyecto otorga atribuciones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio Público y al Poder Judicial para desarrollar programas de detección de denuncias falsas, prevención y capacitación, junto con protocolos de sensibilización y difusión pública.
