Aprobada por unanimidad en la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, la Ley Adriana busca erradicar la violencia gineco-obstétrica en todas las etapas de gestación, así como también regular y garantizar los derechos de las mujeres y personas gestantes en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y sexual.
Esta propuesta de ley, que actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Congreso, busca sancionar todos los tipos de violencia gineco-obstétrica cometidos hacia las madres, así como a los hijos y a los acompañantes durante el proceso de parto. Dentro de sus enfoques centrales, se busca establecer un marco legal que garantice un trato digno a las mujeres y con pleno respeto a sus derechos humanos.
El nombre de esta ley se origina a partir de la historia de Adriana Palacios, una joven que el año 2017 sufrió una serie de malos tratos y violencia obstétrica por parte de los profesionales de la salud que la atendieron en el Hospital de Iquique y el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (Sapu) de la misma ciudad. A causa de lo anterior, su hija, a quien llamaría Trinidad, nació sin vida producto de sufrimiento fetal.
A raíz de este caso, La Ley Adriana busca dar una respuesta a los alarmantes índices de violencia gineco-obstetra que se dan tanto en Chile como en el resto del continente latinoamericano. Según la Primera Encuesta Nacional Sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica en Chile 2019–2020, realizada por la Colectiva Contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica, un 67% de las mujeres considera que ha experimentado violencia ginecológica y un 79% de las mujeres violencia obstétrica.
Mientras se encuentra en trámite constitucional, los parlamentarios que promueven el proyecto, así como profesionales de la salud y activistas contra la violencia obstétrica insisten en la urgencia de su implementación, cuyo abordaje debe darse con especial énfasis en el trato y el cuidado de los derechos de las mujeres en todas las etapas de gestación, parto, postparto y aborto, y también en las consultas ginecológicas, especialmente para aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que tienen menos oportunidades de recibir una salud digna.
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