La desigualdad salarial sigue siendo una realidad persistente en Chile. A pesar de los avances en legislación laboral, el primer informe del ciclo “Foco Legal: Informe Mensual”, elaborado por ChileMujeres, Buk y La Araucana con el apoyo de Alessandri Abogados, expone cómo las brechas de ingresos afectan especialmente a mujeres con alta calificación, madres trabajadoras y quienes desempeñan funciones en jornadas parciales.
Según el Zoom de Género Brechas de Ingresos 2024, la brecha salarial entre hombres y mujeres en Chile alcanza el 23,3%, reflejando una leve mejora frente al 25,5% del año anterior. Sin embargo, al desglosar por nivel de calificación, la diferencia es aún más pronunciada.
En cargos de alta calificación, las mujeres ganan un 30,1 % menos que sus pares hombres, mientras que en niveles ejecutivos la brecha es de 8,6 % y en cargos administrativos y de nivel medio la diferencia alcanza el 9,3 %. La maternidad también es un factor determinante, ya que la brecha salarial entre hombres y mujeres con hijos/as es del 26 %, mientras que entre quienes no tienen hijos/as es del 19 %.
Un aspecto relevante del informe es la discrepancia entre percepción y realidad. Según la encuesta Radiografía Mujeres en el Trabajo 2025, el 64% de los hombres cree que no existen diferencias salariales entre hombres y mujeres, mientras que solo el 38% de las mujeres comparte esta opinión.
Otra encuesta, realizada por Descifra y ChileMujeres en marzo de 2025, revela que solo un 27% de las personas encuestadas cree que las empresas del país pagan igual a hombres y mujeres por el mismo trabajo. Al evaluar su propia empresa, el 49% considera que sí se cumple la equidad salarial, mientras que el 51% cree que no.
Chile cuenta con un marco legal que establece la igualdad de remuneraciones. Desde 2009, el artículo 62 bis del Código del Trabajo obliga a los empleadores a garantizar igualdad salarial entre hombres y mujeres que desempeñen el mismo trabajo, permitiendo diferencias solo si están basadas en criterios objetivos como calificación, productividad o responsabilidad.
Sin embargo, la aplicación de esta normativa sigue siendo débil. Si una trabajadora denuncia desigualdad salarial, debe presentar primero un reclamo interno en la empresa. Si este no es acogido, puede acudir a tribunales, donde el empleador podría enfrentar multas de hasta 100 UTM y restricciones para contratar con el Estado por dos años.
Mientras el Congreso discute el proyecto de ley de equidad salarial (indicaciones sustitutivas N°147-373), este informe refuerza la urgencia de traducir los principios jurídicos en acciones concretas. La igualdad salarial no debe ser una aspiración, sino una realidad tangible para todas las mujeres en el mundo laboral chileno.
Si bien las cifras muestran una leve reducción en la brecha salarial de género, el camino hacia la equidad aún es largo. La combinación de políticas públicas más efectivas, mayor compromiso empresarial y una supervisión rigurosa de las prácticas salariales es clave para cerrar esta brecha y garantizar que el principio de igualdad salarial se cumpla en la práctica, concluyen los organismos responsables del informe.
