Frente a los recientes casos de corrupción en Chile y América Latina, que han involucrado no solo a figuras políticas, sino también a miembros del ámbito jurídico, la profesión se encuentra en el centro del escrutinio ético. El malestar colectivo se enfoca en varios aspectos: la percepción de un aumento de la corrupción en el país y la desconfianza hacia la integridad de los abogados en ejercicio.
¿Cómo garantizar el correcto ejercicio de la profesión legal? ¿Cuáles son las sanciones que enfrentan los abogados en caso de actuar de manera indebida o delictiva? En entrevista con Woman Times, la abogada especialista en derecho tributario, Soledad Recabarren, comparte algunas claves sobre estos desafíos.
Soledad Recabarren es socia de la firma Recabarren & Asociados desde 2014, donde ha asesorado a numerosas empresas, además de haber liderado las áreas tributarias en firmas como Langton Clark, Arthur Andersen y EY Chile. Actualmente, también se desempeña como vicepresidenta del Colegio de Abogados de Chile y coordinadora del programa de Magíster en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
A lo largo de su experiencia en derecho tributario y en la academia, Soledad ha aprendido que la formación ética de los abogados debe comenzar en los primeros años de universidad. Solo así se podrán prevenir y abordar adecuadamente los casos de malas prácticas, que según su perspectiva no son tantos en número, pero sí de gran envergadura, en las instancias y organizaciones responsables de supervisar el ejercicio de la profesión.
¿Cómo percibes el aumento de los casos de corrupción en la abogacía en Chile, y cómo ha afectado la confianza pública en la profesión?
No son tantos los casos, pero cuando ocurren son muy visibles y generan gran impacto. Hoy, si consideramos el número de abogados que tenemos, los casos de corrupción en realidad no son tan numerosos.
En cuanto a los grandes escándalos, muchas veces hay una delgada línea entre la falta ética y el delito. Por ejemplo, se habla de ‘coimas’ en los titulares, pero en las investigaciones no siempre se identifican culpables. Lo delictivo no parece ser tan grave, pero existe una cultura de “ganar a toda costa”, lo cual plantea una cuestión de principios. La ley debería reflejar la moralidad necesaria para garantizar una justicia correcta, que involucra no solo a abogados, sino también a jueces y fiscales.
Estas prácticas no son nuevas, sino que provienen de generaciones anteriores. Por ejemplo, pagar para fotocopiar un expediente o sobornar a un funcionario son comportamientos que se arrastran en nuestra cultura. Es algo que tenemos que erradicar para lograr principios más sólidos que los de generaciones pasadas.
En mi caso, durante mis estudios no recibí formación en ética. Algunas universidades ofrecen cursos sobre el tema, pero no son obligatorios. Desde el Colegio de Abogados, hemos iniciado contacto con instituciones académicas para que la enseñanza de la ética sea obligatoria.
Como vicepresidenta del Colegio de Abogados, ¿qué medidas crees que deberían implementarse para reducir la corrupción en el ejercicio legal?
Muchos piensan que los principios éticos “deberían venir de casa”, pero la realidad es que eso no siempre ocurre. El cambio debe empezar en la educación formal, cubriendo esas carencias éticas. Las universidades deberían proporcionar herramientas para identificar conflictos de interés y actuar éticamente.
En mi formación, algunos profesores decían: “No te voy a decir si esto es ético o no”. Pero para tomar decisiones correctas, primero hay que entender si existe un conflicto de interés. Esto debería enseñarse en la universidad, ya que es una base fundamental.
Además, el control ético en los colegios profesionales necesita mejorar. Las sanciones actuales, como amonestaciones verbales o escritas, no son suficientes. En algunos países, si un abogado comete una infracción grave, se le inhabilita para ejercer la profesión. Algo así debería implementarse en Chile.
Concretamente, ¿qué papel debe desempeñar la academia en la formación ética de los abogados?
La enseñanza del derecho se centra demasiado en la teoría, cuando debería incorporar más aspectos prácticos. Los estudiantes deben enfrentarse a situaciones reales que involucren conflictos de interés o dilemas éticos, para aprender cómo aplicar la ley en la vida diaria.
En mi práctica profesional, con frecuencia me encuentro con problemas que la ley no aborda claramente. Es necesario contar con principios generales que guíen las decisiones. La universidad debería preparar mejor a los alumnos para estas situaciones, enseñándoles a evaluar riesgos y aplicar la ley en contextos concretos.
¿Cómo garantizan en Recabarren & Asociados que los abogados mantengan altos estándares éticos, especialmente en la asesoría tributaria?
En nuestra firma, los casos complejos son evaluados por al menos tres socios en un comité. Discutimos los pros y contras de cada situación para asegurarnos de que todas las decisiones se tomen de manera objetiva. Este enfoque fomenta una cultura de cuidado, atención al detalle, y además evita riesgos innecesarios. Involucrar a abogados jóvenes en estas discusiones también es enriquecedor, ya que les ayuda a comprender mejor la práctica legal y a desarrollar un criterio ético sólido.
¿Cuáles son tus principales prioridades éticas y de transparencia en el Colegio de Abogados, y qué cambios propondrías para fortalecer la integridad profesional?
Una de las principales prioridades es revisar y mejorar nuestro código de ética, que actualmente sirve de referencia para los tribunales civiles, incluso en casos que involucran a abogados no colegiados. Aunque el código es bien valorado, siempre hay espacio para perfeccionarlo, y estamos trabajando en una revisión integral para adaptarlo a los desafíos actuales. Queremos que el código refleje estándares éticos más exigentes y contemple sanciones que realmente sirvan para abordar conductas indebidas.
Otro cambio importante es el establecimiento de un “control ético universal” que abarque a todos los abogados, independientemente de si están colegiados o no. Desde 1982, cuando la colegiatura dejó de ser obligatoria, han surgido múltiples colegios de abogados en diferentes ciudades, lo que ha fragmentado el control ético. En ciudades pequeñas, donde hay pocos abogados, es difícil garantizar imparcialidad en los juicios éticos. Por eso, proponemos una estructura centralizada con tribunales de primera instancia, apelaciones y una posible revisión por parte de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. Esta estructura permitiría un control ético más consistente y con sanciones verdaderamente significativas.
Además, creemos que es fundamental que este control ético sea ejercido por pares, es decir, abogados juzgando a otros abogados, ya que conocen los principios y las particularidades de la profesión. Es crucial que las sanciones sean serias y vayan más allá de simples amonestaciones; en casos graves, debería considerarse la inhabilitación temporal o permanente del ejercicio profesional. Queremos avanzar hacia un sistema donde la ética sea un pilar central en la abogacía, con mecanismos efectivos para garantizar la integridad y confianza en la profesión.
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